Origen

El Fideicomiso de Recuperación Crediticia fue creado en el año 2002 por la Legislatura Bonaerense, a través de la Ley 12.726, con el objetivo de recuperar una cartera de créditos otorgados por el Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Mediante dicha ley, se dispuso la transferencia de los créditos que al 31 de marzo de 2001 se encontraban clasificados como incobrables ante el Banco Central de la República Argentina.

Dicha cartera estaba constituida por 25 mil deudores y 70 mil operaciones financieras, por  un monto de 1.800 millones de pesos

Objetivos iniciales

  • Conformar una estructura organizativa transparente, dinámica y profesionalizada, capaz de administrar y gestionar con eficiencia la cartera de créditos recibida
  • Conformar una plataforma tecnológica que permitiese contar en tiempo real con la información de los deudores, a fin de dar agilidad y certidumbre a la gestión.
  • Diseñar políticas de cobranza en base a parámetros objetivos que aseguraran igual trato a todos los deudores.
  • Facilitar la recuperación de la capacidad crediticia de los deudores, privilegiando la continuidad de las empresas y preservando las fuentes de trabajo.

Proceso de Gestión

El Fideicomiso es un organismo especializado, técnico y autárquico, dotado de mecanismos de recuperación eficaces, rigurosos y transparentes.

Cuenta con una estructura profesional  y una red de Agencias de Cobranza  y Estudios Jurídicos especializados.

Existe un “Manual de Políticas” que establece las normas generales a las que se sujeta el proceso de gestión, y el “Plan de Regularización”, que se renueva periódicamente, donde se ofrecen las distintas alternativas para alcanzar los acuerdos de pago.

Los planes, que cuentan con importantes beneficios, son de fácil y rápido acceso, y brindan a aquellos deudores con voluntad de pago la posibilidad de regularizar su situación en condiciones ventajosas.

Asimismo, y como parte del proceso,  mientras no se formalice un acuerdo de pago,  se continúan  impulsando, con total rigurosidad, las acciones judiciales correspondientes, de modo de salvaguardar los intereses del acreedor.